El presunto plan contra Abinader se movía por los chats

El caso del presunto plan contra el presidente Luis Abinader tiene desde este sábado un mapa nuevo: el de sus pantallas. La solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, un expediente de 57 páginas dado a conocer en Santo Domingo, describe cómo se comunicaba la presunta estructura: un grupo de Telegram, una cuenta de Instagram, un grupo de WhatsApp y, desde mediados de octubre, una aplicación escogida por su privacidad.

El documento señala a Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, apresado el martes en San Francisco de Macorís, como el supuesto administrador del grupo de Telegram «Trinitarios Élite». Dentro de ese grupo, de acuerdo con las indagatorias que recoge el expediente, los participantes habrían intercambiado mensajes acerca de cómo preparar artefactos explosivos, de los movimientos del mandatario y de una posible ruta de huida posterior a las explosiones. Es la versión del órgano acusador, escrita en una solicitud que ningún tribunal ha conocido todavía: no es una sentencia ni un hecho probado.

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La precisión importa, porque entre el titular y el expediente hay una distancia medible. Ninguna información oficial ha reportado armas ni artefactos terminados ocupados en el caso; lo informado fue la ocupación de equipos electrónicos y de sustancias químicas remitidas a peritaje. El expediente atribuye conversaciones sobre explosivos, y entre conversar de fabricarlos y tenerlos media el trecho que la investigación tendrá que cruzar con pruebas.

De las redes abiertas a la aplicación privada

El expediente también ata al principal señalado una cuenta de Instagram, y localiza un grupo de WhatsApp bautizado como «Élite Privado». Esos espacios cumplían otra función, siempre en la versión del expediente: organizar convocatorias públicas, captar nuevos integrantes y propagar consignas antigubernamentales. Una capa abierta de convocatoria, en síntesis, y otra cerrada de coordinación.

El movimiento más revelador que recoge el documento ocurrió el 14 de octubre: varios de ellos pasaron sus conversaciones a Zangi, una aplicación que permite llamadas y mensajes mediante códigos de identificación, sin usar el número telefónico como llave. El expediente atribuye ese paso a la intención de guardar mayor privacidad en las conversaciones. Dos días después, el 16 de octubre, la jueza Josefina Noemí Díaz Marte autorizó la orden judicial que terminó con el apresamiento del principal señalado. En el análisis de esa evidencia digital trabaja la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Diez mencionados y dos bajo custodia

Además del apresado, la solicitud menciona a otras nueve personas como parte de la presunta estructura. La calificación provisional que el Ministerio Público les atribuye es la de presunta asociación de malhechores y tentativa de actos de terrorismo contra el Estado dominicano. Del grupo completo solo hay dos personas bajo custodia: De la Cruz Sosa y el hombre que se presentó voluntariamente ante las autoridades días atrás, negó cualquier participación y todavía no ha sido judicializado.

El Ministerio Público pide para De la Cruz Sosa tres meses de prisión preventiva, y el pedido se decide el martes 10 de noviembre, a las 4:00 de la tarde, en la audiencia de coerción que ya fue reenviada una vez a petición de su defensa. El expediente fija la fecha y el escenario del supuesto ataque: el viernes 6 de noviembre, durante los actos del Día de la Constitución en el Congreso Nacional. Esa fecha ya pasó, sin incidentes.

Nada de lo anterior está probado. Son las imputaciones del órgano acusador sobre un rastro de conversaciones, y cada persona mencionada conserva su presunción de inocencia. El expediente ordena esa acusación en 57 páginas de grupos, consignas y cambios de aplicación; convertir el rastro digital en un plan demostrado es el trabajo que la Fiscalía tiene por delante, a partir de la audiencia del martes.

Fuente: Diario Libre