Reglamento de inteligencia artificial en el sector público

El Reglamento de inteligencia artificial para el sector público dominicano lo elaborará durante 2027 el Ministerio de Administración Pública y pasará al Poder Ejecutivo para su aprobación por decreto. El anuncio lo publicó el MAP el 6 de noviembre y marca el paso que faltaba tras el Código de Ética aprobado días antes: del listado de principios y prohibiciones se pasa a una regla general para adoptar, usar y vigilar estos sistemas.

El cambio se entiende con las dos fechas pegadas. El Código de Ética entró por el Decreto 787-26 a principios de noviembre. Cuatro días después, el MAP informó que redactará el reglamento general y que ese texto fijará criterios comunes para todas las oficinas públicas: transparencia en el uso de estos sistemas, protección de derechos, manejo de riesgos, responsabilidades de cada institución y gobernanza del conjunto.

🔥 Tendencia

Gómez Mazara pide más competencia tras la avería de Claro

El ministro Sigmund Freund ató el anuncio a un resultado concreto: servicios más sencillos, oportunos y accesibles, con intercambio seguro de información entre instituciones. La apuesta es que un trámite deje de pedir papeles que otra oficina ya tiene.

Del código de ética a la regla que obliga

Ese código ya fijó el piso. Protege los datos personales, prohíbe discriminar, cuida el debido proceso y exige supervisión humana cuando una herramienta participa en una decisión. Las prohibiciones del Código de Ética de la IA en los servicios públicos quedaron contadas en este medio el 5 de noviembre, con la clasificación social y la vigilancia biométrica masiva fuera del juego.

El mismo código pide evaluaciones de impacto para los sistemas que puedan tocar derechos fundamentales, el acceso a servicios esenciales o a beneficios del Estado. Una pensión o una cita médica no tienen el mismo riesgo que un asistente que redacta un oficio, y el reglamento de 2027 tendrá que poner esa diferencia por escrito, con responsables nombrados.

El reparto de tareas ya tiene nombres. El MAP promoverá las directrices, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental cuidará la supervisión ética y la OGTIC atenderá la parte técnica fijada en el decreto. Panorama reportó un dato que el anuncio no cierra: el MAP no precisó la fecha de presentación del reglamento ni el día en que entraría en vigor.

Cinco frentes de trabajo antes de 2027

Freund enumeró cinco frentes que su ministerio mueve a la par: la formación de los servidores públicos, la coordinación de las inversiones en tecnología, la arquitectura pública digital, la digitalización de trámites con servicios que se anticipen al ciudadano y los datos que las oficinas puedan compartir entre sí. No son piezas sueltas. Sin datos compartidos con seguridad, cualquier sistema trabaja a ciegas o repite errores con información vieja.

Tres decretos ya caminan en esa dirección. El 403-26 creó el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos, pensado para recortar los documentos que se exigen a la ciudadanía. El 384-26 impulsa la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, con instituciones que se anticipen a necesidades concretas. El 714-26 ordena coordinar la infraestructura digital del Estado para que dos oficinas no compren dos veces la misma plataforma.

La formación tiene su propio carril. El MAP elabora un Marco de Competencias Digitales para Servidores Públicos junto al Instituto Nacional de Administración Pública, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo y de la CEPAL. La idea declarada es que el empleado entienda los riesgos y las responsabilidades de estas herramientas en su trabajo diario.

El insumo de fondo viene de la Evaluación del Panorama de la Inteligencia Artificial, trabajada por el MAP con apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Su misión técnica se hizo en marzo de 2026 y midió infraestructura, datos disponibles, talento especializado, capacidades de las instituciones y marcos de regulación y ética. Ese diagnóstico alimentará el texto de 2027.

Fuente: Ministerio de Administración Pública