Santo domingo.- El ministerio público ha encendido las alarmas y solicitado formalmente un cambio drástico en el caso de Johanna del Carmen Madera de Stanley, una mujer ya condenada por crímenes cibernéticos. La razón detrás de esta petición es contundente: las autoridades alegan que, lejos de enmendar su camino, ha continuado cometiendo delitos graves que desafían al sistema de justicia.
La solicitud fue presentada ante la primera sala de la cámara penal de la corte de apelación del distrito nacional, buscando reemplazar las medidas actuales por prisión preventiva.
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Para entender la gravedad de la situación, es necesario recordar el pasado judicial de Madera de Stanley. En noviembre de 2024, el primer tribunal colegiado del distrito nacional la sentenció a tres años de prisión. El tribunal determinó que había suplantado la identidad de una ciudadana, Karla Fitch, para enviar mensajes amenazantes a un grupo de padres del colegio mundo creativo montessori. Este acto no solo sembró el pánico entre la comunidad educativa, sino que también provocó una considerable movilización de los cuerpos de seguridad en la institución.
A pesar de esta sentencia, la situación parece haber escalado. El ministerio público sostiene que la imputada no ha cesado sus actividades delictivas, lo que representa un riesgo para la sociedad y una burla a las decisiones judiciales previas.
Apenas tres meses después de recibir su condena, surgió un segundo caso que volvió a poner a Johanna del Carmen Madera de Stanley en el centro de una investigación. Esta vez, las acusaciones eran aún más serias. Presuntamente, habría amenazado de muerte al presidente de la república y a dos reconocidos comunicadores, Jaime Rincón y Julio Manuel Sierra. De manera alarmante, para cometer este nuevo hecho habría utilizado el mismo método: el robo de la identidad de la señora Fitch, su víctima anterior.
Pero el expediente en su contra no termina ahí. Una tercera trama delictiva ha sido añadida por los fiscales. Se le atribuye haber financiado a la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez para orquestar una campaña de difamación e injuria. El objetivo de esta campaña habría sido el procurador adjunto Iván Féliz Vargas, precisamente el funcionario responsable de la investigación que llevó a su primera condena. Según la instancia del ministerio público, la propia Ingrid Jorge confesó públicamente que actuó bajo las instrucciones y con el dinero proporcionado por Madera de Stanley.
La solicitud de prisión preventiva
Ante la acumulación de nuevas evidencias y la presunta reincidencia, el ministerio público considera que las condiciones originales que justificaron una medida de coerción más leve, como el impedimento de salida del país y una garantía económica, han cambiado por completo.
Basándose en el artículo 238 del código procesal penal, que permite la revisión de las medidas de coerción cuando las circunstancias varían, los fiscales han pedido que se le imponga la prisión preventiva. La solicitud especifica que sea recluida en el centro penitenciario najayo mujeres. El órgano persecutor ha enfatizado su firme compromiso en la lucha contra los delitos tecnológicos y en la protección de las instituciones del estado.
Ahora, la decisión final recae en los jueces de la corte de apelación, quienes deberán ponderar los nuevos hechos presentados y determinar si el comportamiento de la imputada justifica su envío a prisión mientras se conocen los nuevos cargos, como una medida necesaria para garantizar el interés general y prevenir que siga delinquiendo.
Fuente: deultimominuto.net