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Operación Gavilán y casación: el MP busca revertir

Fachada de la Procuraduría General de la República
Foto: Prensa y Gente

Operación Gavilán y casación quedan unidas desde este sábado 7 de noviembre: el Ministerio Público interpondrá un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia contra la sentencia que redujo las condenas de varios integrantes de la red que borraba y alteraba antecedentes penales, y que absolvió a uno de los procesados.

La decisión recurrida salió de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. El órgano acusador informó que la impugnará por entender que los jueces hicieron una interpretación inadecuada de la ley al acoger, total y parcialmente, los recursos de apelación presentados por las defensas.

Esa sala la integran Daneira García Castillo, July Tamariz y Pedro Nolasco. Los tres modificaron la sentencia del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que había impuesto diez años a los principales condenados.

En primer grado, los magistrados Keyla Pérez Santana, Elías Santini y Arisleyda Santana condenaron a diez años de prisión y al pago de multas de 100 salarios mínimos del sector público a Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel, José Ramón Quezada Carmona y Víctor Gilberto Mercedes Gómez. La misma pena recayó sobre Luis Peña Cedeño, quien además quedó inhabilitado por cinco años para ocupar funciones públicas.

De diez años de cárcel a arresto domiciliario

La apelación cambió el mapa completo. Peña Cedeño pasó de diez años de prisión a dos años bajo arresto domiciliario, con una multa de RD$40,000. Medina Trinidad y Quezada Carmona recibieron cinco años cada uno: tres bajo arresto domiciliario y dos suspendidos de forma condicional, con las multas de 100 salarios mínimos mantenidas.

La suspensión trae reglas escritas: residir en el domicilio comunicado al tribunal, avisar cualquier cambio, no viajar al extranjero y no portar armas. Si las incumplen, deberán cumplir íntegros los dos años suspendidos.

Mercedes Gómez salió del caso por la otra puerta: la sala acogió su recurso y dictó sentencia absolutoria, con lo que quedó descargado de toda responsabilidad penal. Esa absolución es una de las piezas que el Ministerio Público busca revertir con la casación.

La red desmantelada con la Operación Gavilán borraba, modificaba y eliminaba registros de antecedentes penales de cientos de personas en las bases de datos de la Procuraduría General de la República. De acuerdo con la acusación, el servicio se cobraba con sobornos en efectivo, depósitos y transferencias bancarias, y servía para limpiar historiales, quitar impedimentos de salida y facilitar documentos oficiales y pasaportes a personas con procesos abiertos.

Los demás nombres del expediente

El proceso dejó más condenas por acuerdos homologados. Mártires Rosario Reyes recibió siete años, repartidos en tres años y seis meses de arresto domiciliario y otros tres años y seis meses suspendidos, con multa de cinco salarios mínimos. Alfredo Mirambeaux fue condenado a ocho años, seis de ellos bajo arresto domiciliario y dos suspendidos.

Rubén Darío Morbán y Luis Alfredo Astacio Polanco recibieron seis años cada uno, tres de arresto domiciliario y tres suspendidos, con multas de cinco salarios mínimos. Domingo Julio Santana recibió cinco años, con dos años y seis meses en casa y el resto suspendido.

La empresa Nexcon Technology quedó disuelta de forma definitiva, en aplicación de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Jancely Arias López, Ashley Darleni Morbán Reyes y Laudelina Esther Reyes Silva recibieron criterios de oportunidad, y Dilcia Argentina Núñez Santos, Romanqui Alexander Dotel Medina y Yokaira Quezada Carmona fueron absueltos.

En el juicio, el Ministerio Público presentó testimonios, peritajes, documentos oficiales y evidencias digitales para sostener que la estructura era criminalidad organizada y que su negocio tocaba el registro que dice quién tiene antecedentes y quién no.

La casación lleva ahora el expediente a la Suprema Corte con dos lecturas opuestas ya escritas: diez años de prisión en el primer tribunal y arrestos domiciliarios con una absolución en el segundo.

Fuente: Prensa y Gente

Leandro Roman

Leandro Roman

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