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El caso Jet Set cambió de rumbo este viernes: el juez Franny González Castillo varió la calificación jurídica contra Antonio y Maribel Espaillat a homicidio voluntario bajo la figura del dolo eventual, y el juicio de fondo tendrá que empezar de cero ante un tribunal colegiado del Distrito Nacional.
La decisión salió de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, el tribunal unipersonal que venía conociendo el proceso por el desplome del techo de la discoteca, ocurrido el 8 de abril de 2025 con 236 personas fallecidas y 183 heridas. Los querellantes llevaban más de un año pidiendo el cambio de homicidio involuntario a voluntario.
La variación no es una condena. Lo que cambia es el marco con el que un tribunal valorará las pruebas: la conducta atribuida pasa a examinarse como un hecho doloso y no como una negligencia, y la defensa conserva su derecho a cuestionar la calificación y ejercer los recursos que la ley le reconoce.
El expediente venía avanzando en juicio de fondo, con testigos ya escuchados. La solicitud de los querellantes, representados por abogados como Gregory Adames, Luis Aybar y Plinio Piña, incluyó pedir la integración de las leyes 687-82 y 6200, que regulan el ejercicio de la ingeniería y la arquitectura, para reforzar la responsabilidad atribuida.
Qué encontró el juez en el expediente
El magistrado sostuvo que los imputados conocían el deterioro del techo y recibieron informes y señales de que el riesgo era real y cercano. Aun con esas advertencias, la discoteca siguió abierta y recibiendo público la noche de la tragedia.
Esa lectura separa el caso de una simple falla de mantenimiento. El dolo eventual no afirma que los propietarios desearan la muerte de nadie: plantea que sabían lo que podía pasar y decidieron seguir operando. La defensa ha rechazado esa tesis y mantiene que no existen pruebas de una conducta dolosa.
La acusación del Ministerio Público describe una estructura sobrecargada con equipos de climatización de gran peso y tinacos instalados sin estudios técnicos que garantizaran la capacidad de carga del edificio. Testimonios de exempleados e informes sobre filtraciones y reparaciones forman parte del material que los abogados de las víctimas pusieron sobre la mesa.
La pena en juego y el detalle de los 30 años
El proceso se rige por el Código Penal anterior, porque el nuevo entró en vigor en agosto de 2026 y la tragedia ocurrió antes. Con esa norma, el homicidio voluntario se castiga con penas de 3 a 20 años de reclusión mayor, muy por encima de los meses o pocos años del homicidio involuntario.
La cifra de 30 años circuló durante la jornada, pero no quedó en la decisión. Ese número sale del artículo 304, que agrava la pena cuando un crimen acompaña a otro crimen. Las víctimas pidieron esa agravante y el juez la rechazó por no verla justificada con lo presentado hasta ahora.
Un juicio que vuelve a la casilla de salida
La Cuarta Sala funciona con un solo juez, y los delitos con penas de esta magnitud deben conocerlos tres jueces. El expediente pasará a un tribunal colegiado del Distrito Nacional escogido por sorteo, donde el juicio arranca desde el principio.
Todo lo actuado en el juicio de fondo deberá repetirse, incluidos los testigos que ya declararon. Las familias consiguieron la calificación que reclamaban y pagaron un precio en tiempo: el proceso se alarga meses, con audiencias nuevas y la misma carga emocional de volver a escuchar cada relato.
Afuera de la sala, familiares de las víctimas reaccionaron entre lágrimas al conocer la variación. En un sistema donde las cárceles dominicanas operan muy por encima de su capacidad, el expediente del Jet Set concentra la atención de un país que sigue contando a sus 236 muertos. La fecha del sorteo del tribunal colegiado marcará el próximo capítulo.
Fuente: El Brifin — Foto: El Brifin
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