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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, acudió este martes a la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional para la audiencia del proceso judicial que sostiene contra Ángel Martínez por presunta difamación e injuria. La funcionaria exige una indemnización económica de RD$50 millones por considerar que las afirmaciones emitidas por el imputado dañaron su honor y reputación personal.
El caso llegó a los estrados luego de declaraciones públicas difundidas en plataformas digitales. La audiencia previa había sido fijada para esta fecha con el fin de que las partes evaluaran una posible conciliación legal, una salida contemplada en el Código Procesal Penal para delitos de acción privada.
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A su llegada al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Raful se presentó junto a su representante legal, el abogado Miguel Valerio. En el salón de audiencias también estuvo presente Martínez junto a su defensa técnica, a la espera de que el tribunal iniciara la sesión para definir el rumbo del litigio.
Demanda por difamación y reclamo de indemnización civil
La acusación formal interpuesta por Faride Raful sostiene que las afirmaciones difundidas por Martínez constituyen difamación e injuria, tipificadas en la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y las normativas penales vigentes. El equipo legal de la ministra argumenta que las declaraciones sobrepasaron el ejercicio de la libre expresión, configurando imputaciones directas carentes de sustento.
El reclamo económico de 50 millones de pesos dominicanos figura como reparación por los daños morales causados. Según el reporte judicial cubierto por el periódico Listín Diario, el tribunal otorgó el aplazamiento anterior para abrir un espacio formal de diálogo entre las partes involucradas, sin que hasta el momento del inicio de la sesión se formalizara un desistimiento.
El expediente reúne registros de transmisiones en video y contenidos emitidos en redes sociales. La barra de la defensa de Raful sostiene que el daño a la imagen pública de una funcionaria de Estado requiere una sanción tanto penal como civil para sentar un precedente judicial.
Antecedentes de rectificaciones y disculpas públicas
Ángel Martínez acumula un historial de controversias y litigios judiciales derivados de sus comentarios públicos, varios de los cuales terminaron en retractaciones formales. En procesos anteriores, el comunicador optó por la vía del acuerdo para evitar condenas penales mayores tras imputaciones contra figuras del ámbito político y empresarial dominicano.
En estos episodios previos, las retractaciones se produjeron tras intimaciones legales o en etapas de conciliación judicial, evitando la fase de juicio de fondo. En el caso de Raful, la postura inicial de la querellante se mantuvo firme en continuar el proceso hasta obtener una sentencia condenatoria.
Escenarios procesales en la Segunda Sala Penal
El proceso en la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional contempla dos caminos procesales inmediatos según lo establecido en el marco procesal dominicano. Si las partes no alcanzan un acuerdo de conciliación o una disculpa pública validada por la demandante, el magistrado apoderado del caso procederá a la apertura del juicio de fondo.
En la fase ordinaria, el tribunal debe valorar las pruebas audiovisuales y testimoniales aportadas por la parte demandante, así como los alegatos de descargo de la defensa de Martínez. De no haber consenso formal entre los abogados, el proceso avanzará con el debate de las pruebas periciales sobre las transmisiones difundidas.
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