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Fiscal de Duarte y Tribunal Constitucional quedaron unidos este lunes en una orden poco común. El pleno de la alta corte dispuso la conducencia de Smaily Rodríguez, fiscal titular del Distrito Judicial de Duarte, tras su ausencia en una audiencia pública de revisión de una sentencia de amparo a la que estaba debidamente citada.
La decisión se conoció al cierre de la audiencia del lunes 26 de octubre. Rodríguez no se presentó y tampoco presentó excusas por la falta, pese a que la citación constaba en el expediente y su presencia formaba parte del trámite del caso, donde figura como parte recurrente.
La presentación quedó fijada para el viernes 30
El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier, dispuso que la fiscal de Duarte sea presentada en la sede del tribunal el viernes 30 de octubre. Ese día el pleno conocerá el caso en el que Rodríguez figura como parte recurrente, y la diligencia requiere su presencia en la sala.
Rodríguez encabeza la fiscalía del distrito judicial de Duarte, con sede en San Francisco de Macorís. Desde ese despacho dirige la persecución penal en la provincia, y su nombre aparece en el expediente del Tribunal Constitucional como parte recurrente, no como autoridad invitada a opinar.
La orden de conducencia será notificada a la procuradora general de la República para que disponga su ejecución. Con esa notificación, la ejecución queda fuera de la sala de audiencias y pasa a las autoridades encargadas de localizar a la funcionaria y llevarla ante el pleno en la fecha fijada.
En la audiencia del lunes estuvieron presentes, junto al presidente, los magistrados Miguel Aníbal Valera Montero, primer sustituto del presidente; Domingo Gil, Fidias F. Aristy Payano, José Alejandro Vargas Guerrero, Alba Luisa Beard Marcos, José Alejandro Ayuso, María del Carmen Santana de Cabrera, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres. La decisión salió de ese pleno completo.
Un expediente de amparo que viene de 2023
El proceso corresponde al expediente TC-05-2023-0240. Está vinculado con la sentencia número 136-2023-SSEN-00035, dictada el 3 de abril de 2023 por la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte.
Esa sentencia fue recurrida en revisión constitucional de sentencia de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por esa vía, el expediente subió del tribunal de Duarte a la alta corte, y la audiencia pública del lunes formaba parte del conocimiento de ese recurso, con la fiscal titular entre las partes llamadas a comparecer.
El Tribunal Constitucional es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad en el país. Entre sus competencias figura conocer los recursos de revisión contra sentencias dictadas en materia de amparo, el mecanismo que protege los derechos fundamentales cuando una persona entiende que un tribunal o una autoridad los vulneró.
Qué autoriza una orden de conducencia
La conducencia es una medida que autoriza a las autoridades a llevar ante un tribunal a una persona que no comparece voluntariamente o cuya presencia resulta indispensable para una diligencia. No es una condena, no impone una pena y no adelanta decisión alguna sobre el fondo del expediente de amparo que el pleno tiene en sus manos.
Su efecto práctico es otro: garantiza que la audiencia pueda celebrarse con la parte citada en la sala. En este caso, la medida alcanza a una fiscal titular en funciones, una figura con autoridad propia dentro del Ministerio Público en su demarcación, y la coloca bajo la misma obligación de comparecencia que pesa sobre cualquier parte debidamente citada.
La nota del tribunal no recoge explicación alguna de Rodríguez sobre su ausencia del lunes. La orden queda ahora en manos de la Procuraduría General de la República, encargada de disponer su ejecución antes de la audiencia del viernes 30 de octubre.
Fuente: 7 Días
Foto: 7 Días
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