Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes la apelación de emergencia del Departamento de Justicia que buscaba obligar a California a separar más de 20.000 votos por correo de personas que el Gobierno federal considera probables no ciudadanos. El panel del Noveno Circuito falló 2 a 1 y devolvió el caso al tribunal de distrito, por lo que los votos seguirán procesándose con las reglas actuales a ocho días de las elecciones del 3 de noviembre.
Una emergencia «construida por sí mismo»
Los jueces Mark Bennett, nombrado por Donald Trump, y Gabriel Sanchez, nombrado por Joe Biden, concluyeron que la corte de apelaciones no tenía autoridad para decidir antes de que el tribunal de distrito se pronunciara sobre la demanda. La mayoría escribió que «la supuesta emergencia de Estados Unidos, al menos en parte, es una emergencia construida por sí mismo», y atribuyó parte del retraso al propio Departamento: tardó en presentar la demanda, en reconocer que la ley estatal de California regula la emisión y el procesamiento de las boletas y en comunicar a tiempo lo que pedía.
El choque se aceleró la semana pasada, cuando el Departamento exigió al juez de distrito David Carter un fallo en unas 15 horas —apenas tres de ellas laborables— y, al no obtenerlo, corrió a la corte de apelaciones. Carter ya tenía pautada una audiencia para este martes a las 4 de la tarde, hora del este, y se había comprometido a decidir poco después. El panel escuchó los argumentos el domingo en una inusual audiencia de emergencia por videollamada. Bennett añadió que también habría negado la petición en el fondo del asunto, y Sanchez escribió que la orden pedida «transformaría las reglas electorales de California para una elección que ya está en curso».
La disidencia y el origen de la demanda
El tercer juez del panel, Patrick Bumatay, también nombrado por Trump, votó en contra. En su disidencia sostuvo que la corte debió intervenir porque, una vez que las boletas se procesan y se mezclan con las demás, se vuelven imposibles de rastrear, y que el Gobierno federal tiene un interés soberano en impedir el voto ilegal.
La demanda se presentó el 15 de octubre contra California y el condado de Los Ángeles. El Departamento sostiene que los funcionarios estatales facilitan el voto de no ciudadanos al no verificar la ciudadanía de las personas incluidas en una lista federal de «probables» no ciudadanos antes de contar sus votos. En la audiencia del domingo, el abogado del condado de Santa Clara, Tony LoPresti, afirmó que el abogado del Gobierno no pudo explicar el origen de esa lista y solo dijo que fue comprada a un tercero, recogió la cadena KTVU.
California ya está votando
La votación anticipada ya está en marcha en California, donde todo votante activo registrado recibe una boleta por correo y el estado comienza a procesarlas antes del día de las elecciones, aunque no las cuenta hasta el cierre de las urnas. La demanda forma parte del esfuerzo creciente del Gobierno de Trump por intervenir en la forma en que los estados administran sus elecciones. El gobernador Gavin Newsom celebró la decisión y animó a los californianos a votar temprano, mientras el fiscal general estatal, Rob Bonta, recordó que la Constitución asigna las reglas de las elecciones a los estados y al Congreso, no al presidente. El caso regresa ahora al tribunal de distrito, que celebra su audiencia este martes, y el Gobierno todavía podría buscar una revisión de emergencia ante el pleno del Noveno Circuito o ante la Corte Suprema.
Fuente: CNN en Español
Foto: CNN en Español
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