Antonio Taveras: el código 29 no resuelve la delincuencia

Antonio Taveras Guzmán, senador por la provincia Santo Domingo, reclamó este miércoles en el pleno del Senado las muertes en supuestos intercambios de disparos y lo resumió en una frase: «Si la delincuencia se resuelve con el ’29′, cerremos los tribunales, ampliemos los cementerios y olvidémonos de la reforma policial». Electo en la boleta del Partido Revolucionario Moderno y hoy independiente tras renunciar a esa organización en mayo, reclamó que la Cámara Alta convoque a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y al director general de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, para que expliquen esas muertes y muestren las grabaciones de las cámaras corporales.

Se apoyó en los conteos publicados por Diario Libre: siete muertos en 72 horas, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, y 104 entre septiembre y octubre. «Detrás de cada cifra hay un ciudadano dominicano cuya muerte alguien tiene que explicar. Y es todavía más grave que nadie responda», manifestó. Para Taveras, la versión oficial de cada operativo no sustituye la investigación, y su planteamiento combina prevención, persecución del delito y tribunales que funcionen: «Lo que defendemos es un Estado de derecho donde se proteja la vida de todos, sin distinción».

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La comparecencia lleva tres semanas en espera

El turno de este miércoles no fue su primer movimiento. El 15 de octubre, Taveras presentó una resolución para que Raful y Rodríguez García comparezcan ante el pleno a explicar esas muertes y los procedimientos aplicados. Aquel día lo dijo con otras palabras: «Aquí no hay pena de muerte. El Estado de derecho hay que respetarlo y mantenerlo». La iniciativa no entró en el orden del día de la sesión del 28 de octubre, como el propio senador ha reclamado, y la comparecencia sigue sin fecha.

Este miércoles, la presidencia del Senado, que encabeza Ricardo de los Santos, remitió la resolución a la Comisión de Justicia con un plazo ordinario de 30 días, contado desde hoy y no desde el 15 de octubre, cuando fue depositada. El presidente de esa comisión, Rafael Barón Duluc, explicó que el órgano no ha podido conocerla por la cantidad de proyectos que tiene pendientes.

La víspera, el propio Taveras había buscado a la ministra por otra vía: un video invitándola al Senado a revisar juntos las grabaciones. «En 72 horas van siete muertos más», advirtió, y valoró las cámaras corporales: «son precisamente esos videos la forma de mostrar qué son intercambios de disparos y qué son asesinatos». El video respondía al audiovisual con el que Faride Raful rechazó los abusos policiales y presentó el Centro de Monitoreo y Control de la Policía Nacional. Lo cerró con una consigna: «Seguridad ciudadana, sí; asesinatos policiales, no».

Un nombre que la Policía no reconoce

El «29» que citó el senador no es una clave que la Policía reconozca. Es el nombre con el que críticos, organizaciones de derechos humanos y parte de la prensa se refieren a las muertes de buscados en presuntos intercambios de disparos. La institución ha negado que exista una política así: su vocero, el coronel Diego Pesqueira, sostuvo en octubre que «la Policía Nacional ni el superior gobierno tienen un lineamiento en ese sentido», que los agentes actúan con uso proporcional de la fuerza y que desde septiembre más de 120 requeridos se han entregado de manera voluntaria. La misma práctica la han cuestionado el expresidente Leonel Fernández, con un llamado a la prevención, y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos desde las denuncias de familiares.

Al cierre de este miércoles, ni la Policía Nacional ni el Ministerio de Interior y Policía habían reaccionado a la intervención. El plazo que sí corre es el de la Comisión de Justicia: vence en la primera semana de diciembre, y de su informe depende que la ministra y el director policial se sienten ante los senadores a explicar las muertes una por una.

Fuente: N Digital