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La Alianza Dominicana contra la Corrupción, ADOCCO, ha encendido las alarmas sobre la transparencia en las instituciones gubernamentales, pidiendo explicaciones claras y detalladas a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), dirigida por Milagros Ortiz Bosch.
La controversia surge a raíz de la decisión de archivar el expediente de investigación contra el exministro de Educación, Roberto Fulcar, sin que, a juicio de la organización, se ofrecieran justificaciones suficientes al público. Esta situación plantea una pregunta seria sobre los mecanismos de rendición de cuentas en el país.
Según ha expresado públicamente ADOCCO, la falta de información detallada sobre por qué se cerró la investigación genera desconfianza. La organización, que tiene como objetivo velar por el correcto manejo de los fondos públicos, considera que es su deber y el del pueblo dominicano conocer a fondo las razones que llevaron a la DIGEIG a tomar esta determinación. La sociedad civil se mantiene atenta, pues casos como este son una prueba para el compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción.
Un llamado a la transparencia
El principal reclamo de la alianza cívica no es solo sobre el caso del exministro Roberto Fulcar, sino sobre el procedimiento en general. Argumentan que para fortalecer la confianza en las instituciones, cada paso en una investigación de alto perfil debe ser comunicado de manera efectiva y transparente. La Dirección de Ética, bajo el liderazgo de Milagros Ortiz Bosch, tiene la responsabilidad de asegurar al país que sus decisiones se basan en investigaciones exhaustivas y no en criterios que puedan ser cuestionados.
¿Qué se investigaba en el Ministerio de Educación?
Para entender la magnitud del reclamo, es útil recordar las denuncias que rodearon la gestión de Fulcar. Durante su tiempo al frente del Ministerio de Educación, surgieron múltiples cuestionamientos sobre procesos de compras y contrataciones.
Las denuncias, ampliamente cubiertas por los medios de comunicación, abarcaban desde la adquisición de equipos tecnológicos y libros de texto digitales hasta contratos de alimentos para el almuerzo escolar y otros insumos. Estos señalamientos motivaron la apertura de una investigación para determinar si hubo irregularidades administrativas o actos de corrupción.
La decisión de archivar el expediente, por tanto, deja en el aire muchas preguntas para una parte de la ciudadanía que esperaba resultados concretos. La postura de ADOCCO refleja esa inquietud, insistiendo en que la transparencia no es una opción, sino una obligación de quienes manejan los recursos del Estado. El desarrollo de esta situación será clave para medir la fortaleza y la independencia de los organismos de control ético en la República Dominicana.
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