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Las bibliotecas públicas suman 60 bibliotecas cerradas desde 2009 en la República Dominicana, un cierre cada tres meses en promedio. La cifra la denunció Julio César Morel, encargado de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, en declaraciones recogidas en una investigación de Diario Libre publicada este martes 20 de octubre.
Las salas clausuradas son comunitarias y municipales. Son los espacios cercanos al barrio y al liceo: donde un estudiante consulta un libro sin comprarlo y una comunidad guarda su memoria escrita. Cuando una sala baja la puerta, el cierre rara vez ocupa un titular. Se repite en silencio, municipio tras municipio.
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Morel atribuyó la pérdida al desconocimiento y a la indiferencia de gran parte de los alcaldes frente a estos recintos. El señalamiento apunta a los gobiernos locales, porque la Ley 502-08 del Libro y las Bibliotecas les ordena fundar, equipar y sostener bibliotecas en sus demarcaciones. La norma les entrega esa tarea por una razón directa: los ayuntamientos cargan con el desarrollo cultural de sus municipios.
Una ley sin presupuesto queda en papel
«Ellos tienen la responsabilidad de hacerlo porque son los que tienen que ver con el desarrollo cultural de sus municipios, pero no lo entienden así», expresó Morel. El funcionario agregó que muchos alcaldes miden su cuota de responsabilidad con otros temas, sobre todo cuando buscan reelegirse. Una biblioteca no corta una cinta con la misma frecuencia que una obra de asfalto, y esa diferencia de vitrina ayuda a explicar su abandono.
El encargado de la Red puso un contraste con nombre y apellido. Citó al alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral, en la provincia Espaillat, a quien describió como receptivo y preocupado por el desarrollo cultural de su municipio. La mención deja una lectura clara: donde la autoridad local asume el recinto como parte de su gestión, la sala se mantiene abierta y cuidada.
El daño de cada cierre se mide en servicios que desaparecen. Una biblioteca municipal ofrece préstamo de libros, sala de estudio y lectura para niños. Perderla empuja a las familias a pagar por materiales que antes consultaban gratis y deja a los estudiantes sin un espacio tranquilo para hacer tareas. En demarcaciones con menos recursos, esa sala suele ser el único servicio cultural permanente.
El registro que nadie actualiza desde 2009
El inventario que maneja la Red Nacional cuenta 1,478 bibliotecas en todo el país. De ese total, apenas 284 son bibliotecas públicas abiertas a la población general. El resto se reparte entre bibliotecas escolares, universitarias y de instituciones privadas, con públicos cerrados o con acceso limitado a sus propias comunidades.
Esas cifras cargan un problema de origen. Datos de la propia Red confirman que el registro sale de un censo levantado en 2009 y que desde entonces no se repitió. Nadie puede decir hoy con precisión cuántas bibliotecas públicas quedan operando en 2026, cuántas abren con horario reducido ni cuántas conservan personal y colección actualizada. La cifra de 60 bibliotecas cerradas se conoce por el seguimiento de la Red, no por un conteo nacional fresco.
Hacer ese censo costaría entre 100 y 150 millones de pesos. Morel explicó que la Red no dispone de esos fondos y que no hay planes cercanos para el estudio. Sin diagnóstico actualizado, cualquier plan de rescate parte a ciegas: no se sabe qué municipios perdieron su sala ni dónde una inversión pequeña devolvería el servicio.
Lo que pide la Red a las alcaldías
La denuncia de Morel deja el expediente en manos de los ayuntamientos. Cumplir la Ley 502-08 implica partidas concretas para personal, libros y mantenimiento, no solo conservar el letrero del local. La Red Nacional sostiene el reclamo con el registro de 60 bibliotecas cerradas y aguarda respuestas de los gobiernos municipales señalados.
Fuente: El Seis
Foto: El Seis
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